viernes, 2 de abril de 2010

Presuntos Santos Inocentes

Poco a poco, los juzgados tratan de desentrañar la forma en la que el
endeudado Ayuntamiento de Estepona (Málaga), centro de uno de tantos
casos de corrupción municipal en 2008, se ha quedado sin dinero ni
propiedades. La penúltima causa estudia la venta de parcelas
municipales, por la que el ayuntamiento andaluz habría dejado de
ingresar 6,4 millones. La cifra podría aumentar conforme avance la
instrucción, ya que la juez Isabel Conejo, titular del Juzgado número
5 de Estepona, ha recibido informes de otras operaciones urbanísticas
que elevarían las pérdidas a 17,3 millones.
Junto a Rosa Díaz han sido imputados el ex tesorero y un abogado
Las primeras diligencias han acarreado la citación para declarar como
imputados del ex tesorero municipal Félix Domínguez Pimienta, la edil
Rosa Díaz, miembro del actual equipo de gobierno de David Valadez
(PSOE), y el abogado Francisco González Valdés.

Las ventas investigadas se hicieron a través de la sociedad municipal
Servicios Estepona XXI, S. L., de la que eran liquidadores el antiguo
tesorero, hoy jubilado, y el abogado; Rosa Díaz era alcaldesa del
municipio con el Partido Popular en 2002, año en el que se cerraron
las operaciones.

La imputación de Díaz supone un nuevo sobresalto y motivo de
desequilibrio en el ya inestable equipo de gobierno municipal, formado
por una coalición de varios partidos en minoría y presidida por el
socialista David Valadez. La concejal, de vacaciones estos días en
Marruecos, asegura que todavía no ha recibido citación alguna, pero
que está "tranquila", según fuentes municipales.

El antiguo tesorero, Félix Domínguez Pimienta, mostró ayer la
"alegría" de que "por fin se aclare el tema en los juzgados". Atribuyó
la denuncia a su enemistad con el ex alcalde socialista Antonio
Barrientos, imputado en el caso Astapa de corrupción municipal, y con
Juan Manuel de Hoyos, el liquidador municipal que lo sustituyó.
"Nosotros [Francisco González Valdés y Feliz Domínguez Pimienta] no
tenemos nada que ver con las valoraciones de los terrenos", explicó.

El ex regidor Antonio Barrientos y Juan Manuel de Hoyos, que declaró
como testigo hace unos meses, llevaron las operaciones a la Fiscalía
en noviembre de 2006. Fuentes cercanas al caso aseguran que la
investigación judicial no se reactivó hasta 2009, después de que
Guillermo Álvarez Rato, abogado que trabaja con De Hoyos, se reuniera
con la Fiscalía Anticorrupción y volviera a poner esas operaciones
sobre la mesa. De Hoyos niega tener nada que ver. "Fue la Fiscalía
quien lo rescató y lo llevó al juzgado", dijo ayer.

Las operaciones se detallan en un informe que De Hoyos presentó el 21
de enero de 2004 a la sociedad municipal afectada. El documento recoge
la venta de cinco parcelas urbanizables -que suman 27.508 metros
cuadrados- a través de Servicios Estepona XXI, S. L., en proceso de
liquidación, y que fueron transferidas por el Ayuntamiento esteponero
antes de ofertarlas.

Los solares se publicitaron el 9 de agosto de 2002 en un periódico
deportivo; se interesaron por ellos tres empresas en las que se
repetía el administrador. Finalmente, las parcelas, situadas en el
Camino de la Resinera, fueron adquiridas por 4,1 millones. Según la
valoración del arquitecto Germán José García Zumaquero, encargada por
el liquidador, su precio de mercado aquel año era de 10,5 millones, es
decir, más del doble.

Durante su declaración ante la juez, De Hoyos se ratificó en sus
informes y le facilitó la documentación de tres casos más. En total,
las operaciones por terrenos acarrearon una pérdida de nueve millones,
y aquellas en la que lo que se vendía eran aprovechamientos
urbanísticos, de 8,3 millones. Estas grandes diferencias hicieron que
De Hoyos, que en el momento de la venta no ejercía como liquidador de
las sociedades, solicitara un informe jurídico al abogado Guillermo
Álvarez Rato en el que se destaca que las transacciones "no se ajustan
a derecho".

El letrado aconsejó ejercer acciones penales contra los anteriores
liquidadores y los compradores, que se declararan nulas las ventas y
reclamar los daños y perjuicios causados. El actual equipo de gobierno
recibió los informes a finales de 2008 y se comprometió a estudiarlos.
El asunto no ha prescrito, según De Hoyos, por lo que el dinero podría
volver a las maltrechas arcas esteponeras. La deuda municipal total
está estimada en 160 millones de euros.

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