UN AÑO , DE NUEVO ESTATUTO

El nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía cumple su primer año desde su entrada en vigor, que tuvo lugar el 20 de marzo de 2007 tras su aprobación en referéndum el 18 de febrero, con un plazo máximo de seis meses por delante para acordar con el Gobierno central la cuantificación de la denominada ‘deuda histórica’ recogida en su Disposición Adicional Segunda.
El nuevo Estatuto, que cuenta con un preámbulo, 11 títulos, 250 artículos, cinco disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y tres finales frente a los siete títulos y 75 artículos del texto anterior, nació con un apoyo ampliamente mayoritario en las urnas, ya que el ’sí’ logró el 87,45 por ciento de los votos en el referéndum frente al 9,48 por ciento que optó por el ‘no’, aunque con la rémora de una escasa participación, que apenas alcanzó el 35,8 por ciento del censo.
Los primeros pasos de la Junta tras la entrada en vigor del texto se centraron prioritariamente en activar los mecanismos necesarios para la constitución de las comisiones bilaterales previstas en el nuevo Estatuto, la Comisión Mixta de Transferencias, la Comisión Bilateral de Cooperación y la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, que se pusieron en marcha antes del verano.
EL ACUERDO PARA EL TRASPASO DEL GUALDALQUIVIR, PRINCIPAL AVANCE.
El principal avance del primer año del nuevo Estatuto es el acuerdo para el traspaso de las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por Andalucía, firmado el pasado 12 de noviembre en Cazorla y que será efectivo a partir del próximo 1 de julio.
Dicho acuerdo establece que la administración autonómica explotará, conservará y establecerá el régimen de desembalses de los aprovechamientos hidráulicos y de las obras hidráulicas asociadas de los 53 de los 57 embalses de la cuenca, ya que quedan excluidos los pantanos Fresneda y Montoro, que seguirán siendo gestionados por el Estado, y Jándula y Pintado, para cuya gestión el Estado se coordinará con la Junta.
Otra cuestión relevante se refiere al cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera, que establece que la inversión en Andalucía deberá ser “equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un periodo de siete años”, y que ya ha tenido su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2008.