Empresa Publica, En Andalucia ( II )

En los gobiernos de la democracia, sean de un signo político u otro, se han sucedido una cadena de ventas de patrimonio público más que al mejor postor al mejor amigo. Algo que sin duda parece más confuso si se trata de un partido que se hace llamar socialista. Una maquinaria mediática se puso en marcha para convencer a la ciudadanía de que las ventas, totales o parciales, de las empresas que más beneficio producían al estado, eran un avance hacia el futuro en busca del progreso en todas sus dimensiones. El tiempo por si solo, ha sido capaz de mostrar las consecuencias de aquellas acciones irresponsables desde cualquier ideología con un mínimo de respecto por la justicia social.
La sanidad andaluza (aún con muchas mejoras por lograr), parece una especie de espejismo en el desierto que no sabemos hasta cuando podrá perdurar. No brillan ni muchos menos por su calidad los demás servicios públicos como la educación o las atenciones sociales, quizás sostenidas artificialmente por las cotizaciones del boom de la construcción que todos sabíamos que pocas consecuencias positivas iba a tener, sobre todo por su efímera duración, ya predicado por muchos.
El panorama que se avecina parece más sórdido si analizamos las soluciones que el Gobierno Andaluz aporta a la problemática citada. Si hay un déficit desmesurado en S.A.S, rebajan la calidad del servicio y venden indirectamente las ventajas de un seguro sanitario privado. Si no hay financiación, y la poca existente se malgasta para la universidad pública, subamos el precio de las matrículas y defendamos el modelo de universidad autofinanciada con un 30% de intervención privada. Si no hay dinero para la infraestructura pública, promueven las autopistas de peaje. Si las prestaciones sociales de muchas empresas públicas no son rentables, se privatizan, abortando el beneficio social que ello conlleva. Ya se está proclamando la premisa de que los servicios públicos deben salirle gratis al estado.
Desde el BNA defendemos un modelo de empresas públicas, dirigidas desde el Gobierno Andaluz, que debe ser desarrollada en los sectores productivos más relevantes, dígase por ejemplo el de la energía, donde en Andalucía una política energética hacia la sostenibilidad es imprescindible para que el pueblo andaluz pueda gozar de un futuro digno y soberano. Nunca los grupos privados de la energía podrán, ni querrán diseñar un panorama energético que respete el Medio Ambiente y la igualdad social, porque simplemente es menos “rentable” económicamente que los modelos actuales.
Más importancia adquiere el asunto si nos volvemos a centrar en el panorama andaluz, donde grandes compañías de estos mismos sectores, fiscalizadas por otros territorios, no reinvierten en nuestra tierra la riqueza obtenida a partir de su actividad económica sobre nosotros.
Nuestro modelo de empresa pública a la vez que moderno, nunca debe olvidar dos factores importantísimos. El primero de ellos es la productividad que nunca debe ir reñida con la segunda, la calidad de las prestaciones y beneficios sociales que generan.
Parte de los ingentes beneficios que producen hoy en día las empresas privatizadas antaño por el estado, como el caso de las telecomunicaciones, podrían ser hoy en día financiación de servicios sociales como la sanidad, educación o gestión de residuos, para que su calidad y su futuro pudieran estar garantizados. Esa es nuestra tarea, que debemos hacer inherente a nuestra política, y nuestro ideal andaluz. Un modelo de financiación estable para que nuestro futuro no esté hipotecado ni en manos de poderes a los que nuestra prosperidad no les interesa. Un soporte económico que garantice y haga efectivas las aspiraciones sociales y de igualdad que el andalucismo lleva defendiendo desde sus orígenes.